Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.

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Sobre Civic Space Guardian (CSG)

Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por DL para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe. Cada regulación se evalúa con dos indicadores: impacto y probabilidad de entrada en vigencia. Para una visión general, también mostramos la calificación asignada por Civicus al país.

Indicadores

Impacto en el derecho

Indica si la regulación impacta o podría impactar en forma positiva o negativa sobre el espacio cívico

Positivo Negativo

Probabilidad de sanción

Indica el nivel de probabilidad que la regulación tiene de ser aprobada en cada país analizado

Alta Media Baja

Rating CIVICUS de país

CSG indica el estado del espacio cívico, utilizando las calificaciones elaboradas y asignadas por CIVICUS

Cerrado Reprimido Obstruido

Limitado Abierto

Libertad de expresión

Honduras

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS | Reprimido

El nuevo Código Penal implica riesgos para la libertad de expresión en internet

El 25 de junio entró finalmente en vigencia una polémica reforma del Código Penal aprobada en 2019, cuya aplicación había sido pospuesta en dos ocasiones. La reforma incorpora los delitos de calumnia e injuria, y agrava las penas cuando estas acciones “se efectúen a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante”. Los periodistas o todos aquellos que expresen ideas y opiniones críticas podrían quedar expuestos a penas de prisión por plazos que van de los 200 a los 500 días o al pago de sanciones económicas. En vista del contundente rechazo expresado por distintos sectores de la sociedad civil y de la oposición es probable que el Congreso evalúe la posibilidad de revisar los puntos más cuestionados a través de una nueva modificación del Código.

Libertad de expresión

México

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS | Reprimido

La entrada en vigencia del T-MEC y los efectos colaterales para la libertad de expresión

Entre el 29 y el 30 de junio, el Congreso mexicano sancionó un conjunto de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que se requerían como condición para la entrada en vigencia el 1 de julio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Si bien los cambios apuntan a proteger las creaciones intelectuales de usos no autorizados, desde la sociedad civil se advirtió que el mecanismo de “notificación y retirada” podría ser utilizado como instrumento de censura digital y violación de la libertad de expresión por parte del Estado. De acuerdo a lo indicado por las organizaciones denunciantes, este mecanismo obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar del dominio público cualquier publicación o contenido cuando una persona alegue que sus derechos de autor han sido violados, sin necesidad de aportar pruebas ni de obtener una orden judicial.

Libertad de expresión

Brasil

Impacto en el derecho | Negativo Probabilidad | Alta Rating CIVICUS de país | Obstruido

Avanza un proyecto para vigilar la circulación de contenidos virales en internet

El 30 de junio, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de libertad, responsabilidad y transparencia en internet. La iniciativa que apunta a limitar la circulación de noticias falsas en el entorno digital fue cuestionada por distintas organizaciones de la sociedad civil que advierten que su aplicación podría conllevar riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. De ser sancionada, las plataformas de mensajería deberán mantener una base de datos de los envíos masivos para posibilitar la vigilancia de la viralización de contenidos e identificar su origen. Las compañías también serán responsables de dar de baja cuentas falsas o automatizadas e identificar los contenidos pautados cuya distribución haya sido abonada al proveedor de la red. Estos puntos son algunos de los más cuestionados por las organizaciones sociales que anticipan un incremento de la capacidad del gobierno para vigilar a periodistas y activistas. La difusión de noticias falsas es un tema de discusión en Brasil desde las elecciones presidenciales de 2018 en las que resultó electo Jair Bolsonaro. Si bien la Cámara de Diputados ya comenzó a discutir el proyecto, está previsto que los parlamentarios continúen recibiendo a especialistas y representantes del sector durante las próximas semanas.

Libertad de reunión

Chile

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS | Limitado

Multas millonarias y penas de prisión para quienes incumplan la cuarentena

Tras la prórroga del estado de excepción hasta septiembre, dictada por el gobierno para mitigar el impacto del COVID-19, el Congreso modificó el Código Penal con el fin de sancionar la inobservancia del aislamiento y otras medidas sanitarias de prevención. La iniciativa apunta a lograr el pleno acatamiento a las órdenes de restricción de la circulación en un momento en que Chile se posiciona como uno de los 10 países más afectados por la pandemia a nivel mundial. A partir de la entrada en vigencia de la ley, el 20 de junio, aquellas personas que violen las disposiciones de la cuarentena podrán ser sancionadas con la pena de hasta 5 años de cárcel y multas que podrán ir de USD 1.500 a 15.000, aproximadamente. Las fuerzas de seguridad ya han detenido a más de 100 mil personas por violar las disposiciones santiarias.

Libertas de reunión

Uruguay

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS | Abierto

Ya está vigente la reforma al sistema de seguridad que criminaliza la protesta social

El 14 de julio, luego de que el Parlamento le haya dado sanción definitiva, el presidente Luis Lacalle Pou promulgó la ley que reforma, entre otros puntos, el sistema de seguridad y justicia. La norma, que consta de 476 artículos y 11 secciones, incluye la ampliación de los alcances del principio de legítima defensa policial y la limitación del derecho a huelga. Con su entrada en vigencia, los piquetes que impidan la libre circulación serán considerados ilegítimos. A su vez, las personas que "obstaculicen, agravien, atenten, arrojen objetos, amenacen o insulten a policías" podrán sufrir pena de 3 a 18 meses de prisión. La reforma incorpora en el Código Penal el delito de resistencia al arresto y obliga a los ciudadanos a identificarse cuando un agente de las fuerzas de seguridad así lo requiera. También prohíbe la ocupación de espacios de trabajo en el marco del ejercicio del derecho a huelga. Fuentes de gobierno anunciaron que ya están trabajando en la elaboración de distintos decretos reglamentarios. La oposición no descarta la posibilidad de apoyar una recolección de firmas para derogar el articulado.

Libertad de reunión

El Salvador

Impacto | Negativo Rating CIVICUS | Obstruido

Continúa el conflicto entre el gobierno y la Asamblea sobre la regulación de la cuarentena

En los próximos días la Corte Suprema debería fallar sobre el recurso presentado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para revocar la ley de protección de los derechos de las personas durante el estado de emergencia. La norma establece un marco de actuación para las autoridades públicas durante la vigencia de la cuarentena. Mientras, las medidas de aislamiento social dictadas por el presidente Nayib Bukele, continúan vigentes pese a que fueron declaradas inconstitucionales por el tribunal. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones de la comunidad internacional, cuestionaron las acciones del gobierno que socavan la separación de poderes e ignoran las órdenes judiciales que buscan poner un límite a la detención de personas por violación de la cuarentena. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, intentó contrarrestar las críticas y cuestionó a quienes “inventan dictaduras donde no las hay".

Derecho a la privacidad

Argentina

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS | Limitado

En un clima de tensión política, el Congreso fiscalizará las escuchas judiciales

El pasado 30 de junio los presidentes de ambas Cámaras del Congreso firmaron una resolución conjunta, designando a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia como la responsable de dar seguimiento a las actividades que lleva adelante la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, un cuerpo en la órbita de la Corte Suprema que realiza escuchas judiciales. La decisión se da en un contexto de tensión política que se fue incrementando desde que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció actividades de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, el oficialismo intentó derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri, que traspasó la actividad de escuchas del ámbito de la Procuración General a la Corte Suprema, lo que fue rechazado por la oposición. Entretanto, avanzan causas judiciales por denuncias de espionaje ilegal. En ese contexto, fue allanada la casa de un ex secretario del ex presidente Macri. Ante esa situación, la coalición opositora “Juntos por el Cambio” emitió un comunicado en el que afirmó que un sector del oficialismo parece estar "enfocado en enrarecer el clima político".

Libertad de reunión

Ecuador

Impacto | Positivo Rating CIVICUS | Limitado

Corte Constitucional suspende el uso progresivo de la fuerza en reuniones y manifestaciones

El 24 de junio la Corte Constitucional dio lugar a una demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos contra el reglamento que permite a los militares el uso progresivo de la fuerza. En su presentación, las instituciones demandantes señalaron que la norma aprobada por acuerdo ministerial atenta contra la Constitución al autorizar a las Fuerzas Armadas a desempeñar un rol complementario en el mantenimiento del orden interno. Por su parte, Human Rights Watch advirtió sobre el riesgo de terminar alentando el uso de la fuerza letal y exhortó a Ecuador a dejarla sin efecto. La suspensión es temporal hasta tanto la Corte decida sobre la constitucionalidad del reglamento.

Voces de la sociedad civil

MÉXICO

"La reforma aprobada por el Congreso de la Unión en México afecta la libertad de expresión al introducir un mecanismo extrajudicial conocido como “notificación y retirada”, [...] que destruye el debido proceso y habilita la censura masiva de contenidos e informaciones de Internet [...]. Este mecanismo tampoco considera los contextos locales como el de México, ni el de un Estado que mantiene una deuda histórica hacia la sociedad sobre hechos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Sin las salvaguardas necesarias, las reformas aprobadas abren el camino para que se abuse por parte de actores políticos y económicos para solicitar la remoción de contenidos de interés público." (13/07/2020)

Artículo 19 México y Centroamérica [+]

BRASIL

"Desde que comenzó la discusión de la Ley de Urgente Consideración, organizaciones defensoras de los DD.HH, así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresaron su profunda preocupación respecto de varios artículos que imponen restricciones a la libertad de expresión, los derechos de reunión y asociación, el derecho a la privacidad, el acceso a la información sobre asuntos de inteligencia, seguridad nacional y defensa, y el derecho a la participación social y política. Las disposiciones declaran, por ejemplo, ilegal el ejercicio de determinadas modalidades de manifestaciones y protesta, tanto en espacios públicos como privados, y restringen el acceso a la información porque crean nuevas categorías de información de carácter reservado, restringido y secreto.” (14/07/2020)

Anabel Cruz
ICD, Uruguay / Iniciativa Regional Rendir Cuentas [+]

Información de interés

Venezuela

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el 2 de julio un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que advierte sobre las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, y las detenciones arbitrarias de líderes políticos, periodistas y profesionales de la salud. En esta línea, también manifestó su preocupación por la falta de garantías al debido proceso y las denuncias sobre casos de tortura y desaparición forzada. El 13 de julio se conoció también la detención del director de un medio digital local tras ser acusado de “instigación al odio”.

Rating CIVICUS | Reprimido

Nicaragua

“Los opositores al gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los ex detenidos políticos sufren violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales”. En el marco de una presentación frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró el pasado 2 de julio que en Nicaragua la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. Bachelet apuntó a la estigmatización de las personas que critican la respuesta estatal o difunden información que contradice las fuentes oficiales sobre la pandemia; esto incluye despidos en el sector de la salud. Además, el gobierno canceló la personería jurídica de una organización de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso, con lo que ya van 10 casos desde 2018.

Rating CIVICUS | Reprimido

Información de interés

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