Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.

Iniciar lectura

Sobre Civic Space Guardian (CSG)

CSG es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para hacer un seguimiento de las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe. El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y el derecho a la privacidad.

Indicadores

Impacto en el derecho

Indica si la regulación impacta o podría impactar en forma positiva o negativa sobre el espacio cívico

Positivo Negativo

Probabilidad de sanción

Indica el nivel de probabilidad que la regulación tiene de ser aprobada en cada país analizado

Alta Media Baja

Rating CIVICUS de país

CSG indica el estado del espacio cívico, utilizando las calificaciones elaboradas y asignadas por CIVICUS

Cerrado Reprimido Obstruido

Limitado Abierto

Derecho a la Privacidad

Argentina

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Limitado

Un nuevo protocolo de ciberpatrullaje permitiría la vigilancia masiva de redes sociales

Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación por los alcances de un protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad el 31 de mayo que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer ciberpatrullaje en fuentes abiertas y redes sociales. El objetivo es detectar delitos vinculados con el COVID-19 como la comercialización y distribución de medicamentos falsos. La observación y análisis de información de la ciudadanía en el entorno digital es, de acuerdo a la opinión de expertos, una actividad de inteligencia criminal más que de prevención de delitos. Por lo tanto solo puede realizarse bajo ciertos límites y con las debidas autorizaciones. El uso de una herramienta de inteligencia masiva para recolectar indicios de actividades delictivas es una práctica ilegal que puede afectar el debate público, la circulación de ideas y el derecho a la privacidad. También remarcaron que faltan precisiones sobre la forma en que será aplicado y los medios técnicos que se utilizarán.

Derecho a la Privacidad

Argentina

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Limitado

El Congreso analiza una denuncia por espionaje ilegal a periodistas, organizaciones y políticos

El 28 de mayo la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió para analizar la denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por espionaje ilegal a unas 500 personas vinculadas al mundo político, al periodismo, organizaciones de la sociedad civil y a policías durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Según se detalla en la denuncia las tareas de vigilancia - descubiertas en un disco rígido parcialmente borrado - no habían sido ordenadas ni autorizadas por un juez, sino por las autoridades del propio organismo de inteligencia que hoy se encuentra intervenido. El 7 de junio se iniciaron las declaraciones testimoniales en el marco de la causa judicial y está previsto que continúen durante todo el mes. Por otra parte, el Senado rechazó un decreto del año 2015 que trasladaba el manejo de las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores consideraron que la administración de las escuchas por parte de la CSJN era incompatible con su rol de control sobre la AFI.

Libertad de reunión

El Salvador

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Obstruido

La Corte Suprema declaró inconstitucional la cuarentena

Desde mediados de mayo, El Salvador vive un estado de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía y el control del uso de fondos públicos para combatir la pandemia de COVID-19. La situación deriva de la decisión presidencial de extender la cuarentena sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. El 8 de junio la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad por conexión de otros 10 decretos ejecutivos que impusieron restricciones a los derechos de circulación y reunión en los 80 días pasados. El fallo alcanza también a la ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales sancionada en marzo por considerar que en ese momento no se justificó adecuadamente por qué la suspensión de derechos era una “medida idónea” para proteger a la población frente al COVID-19. La Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a acordar una nueva ley en los próximos días y advirtió que las medidas que se dicten fuera de ese marco no tendrán efectos jurídicos. De no ocurrir, la cuarentena se levantará a los 4 días de la notificación del fallo.

Acceso a la información | Libertad de expresión

Nicaragua

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Reprimido

El presidente criminaliza las voces críticas y defiende su política frente al COVID

En un intento por revertir los fuertes cuestionamientos planteados tanto en el plano local como en el internacional con relación a la respuesta del gobierno frente al COVID-19, el presidente de la República, Daniel Ortega, publicó un documento oficial o libro blanco en el que describe a las voces críticas como “terrorismo desinformativo” y “campañas de noticias falsas”. También hace referencia al rol de los medios de comunicación internacionales como “brutal, criminal y xenofóbico”. El libro blanco divulgado el 25 de mayo detalla y justifica las medidas tomadas, que en su mayoría no fueron publicadas en el diario oficial. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación por el uso creciente en las últimas semanas de frases que estigmatizan y desacreditan a la oposición y a quienes critican públicamente la respuesta gubernamental en la actual situación de crisis sanitaria.

Acceso a la Información Pública

Brasil

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Obstruido

Preocupado por el avance del COVID-19, el gobierno intenta ocultar los números de muertes y contagios

Mientras el impacto de la pandemia se agudiza en Brasil, el segundo país en número de contagios, el 5 de junio el Ministerio de Salud decidió modificar la metodología de divulgación de los datos oficiales sobre el número de contagios y fallecidos por COVID-19. Tras anunciar que en los reportes solo se informarían las estadísticas diarias, el gobierno modificó las cifras que permiten realizar el balance global de la incidencia de la enfermedad. Este no es el primer cambio que se lleva a cabo en la presentación de los datos, pero sí es el que más compromete el acceso a la información pública. El 9 de junio, el gobierno debió dar marcha atrás con la medida por orden del Supremo Tribunal Federal a partir de una acción interpuesta por tres partidos de la oposición. Antes de conocerse la decisión, la presidencia del Congreso y los principales medios de comunicación habían declarado que iban a comenzar a recopilar las estadísticas disponibles a nivel estadual.

Libertad de Expresión

Venezuela

Impacto | Negativo Rating CIVICUS de país | Reprimido

Científicos y personal médico bajo amenaza por cuestionar los datos oficiales sobre el COVID-19

A mediados de mayo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, amenazó públicamente a científicos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, a quienes acusó de sembrar alarma en la población. Los comentarios se producen tras la publicación de un informe en el que se estima, por medio del uso de modelos matemáticos, que podría haber un subregistro en las cifras oficiales de contagiados de entre 63% y 95%. Sobre estas conclusiones, Cabello observó que eran “una invitación a que las agencias de seguridad del Estado llamen a [los científicos]”. La libertad de investigar y divulgar información enfrenta así un nuevo obstáculo. Anteriormente, las instituciones científicas fueron obligadas por una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Ciencia a registrar cualquier investigación sobre el COVID-19 ante ambas carteras. La criminalización del personal médico, las organizaciones y los periodistas por difundir información técnica sobre la evolución del COVID-19 que interpela los datos oficiales ha sido condenada por numerosas organizaciones académicas y de la sociedad civil, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Libertad de reunión

Chile

Impacto en el derecho | Negativo Probabilidad de sanción | Alta Rating CIVICUS de país | Limitado

Organizaciones sociales piden que se ponga un freno al proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia

El 8 de junio un grupo de diputados, senadores, presidentes de partidos, gremios y organizaciones de la sociedad civil envió una carta a la Cámara de Diputados solicitando que se revoque el pedido de tratamiento urgente solicitado por el gobierno para el proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia y el de protección de la infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del país. En la nota, plantean que las iniciativas vulneran los derechos humanos, instalando una agenda de "militarización" de la seguridad pública. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Jorge Brito, se hizo eco de las preocupaciones al afirmar que se está proponiendo un sistema de inteligencia sin un adecuado mecanismo de control por parte de los poderes del Estado. Las iniciativas permitirían además desplegar a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional sin necesidad de declarar el estado de excepción. Dado que el gobierno solicitó el tratamiento con suma urgencia, la Cámara de Diputados debería aprobarlo en el plazo de 15 días.

Libertad de reunión

Ecuador

Impacto en el derecho | Negativo Rating CIVICUS de país | Obstruido

El gobierno reglamentó el uso progresivo de la fuerza en reuniones y manifestaciones

El 29 de mayo el Ministerio de Defensa publicó un reglamento que permite el uso progresivo de la fuerza por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas ante reuniones, manifestaciones y disturbios que deriven en “situaciones de grave conmoción interna”. El protocolo contempla distintos niveles de acción ante situaciones de “riesgo latente”, “resistencia psicológica o pasiva” y “resistencia defensiva y agresiva”. La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales advirtieron que el reglamento no está orientado a la protección de los derechos humanos de los y las manifestantes, sino a respaldar el accionar de las Fuerzas Armadas. En esta línea, el órgano de control informó que, si el Ministerio de Defensa no deroga el reglamento, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Libertad de expresión

México

Impacto en el derecho | Positivo Probabilidad de sanción| Media Rating CIVICUS de país | Reprimido

El oficialismo impulsa un proyecto de ley para proteger a periodistas y activistas

En los primeros días de junio, el coordinador del grupo parlamentario oficialista en el Senado, Ricardo Monreal, presentó un proyecto de reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De sancionarse, periodistas y activistas, en forma directa o a través de familiares o de las organizaciones que los representen, podrían activar un mecanismo de emergencia para la reducción de riesgos. El estudio en comisiones comenzaría en las próximas semanas. Sin embargo, la votación deberá esperar hasta el reinicio de las sesiones ordinarias el 1° de septiembre, a menos que haya un acuerdo político para tratarlo antes. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya suman seis los periodistas asesinados en lo que va del 2020, tras la muerte de Jorge Armenta, ocurrida a mediados de mayo. El organismo reclamó a las autoridades de justicia que investiguen exhaustivamente el nuevo caso para determinar la relación con su labor periodística.

Bolivia

Impacto en el derecho | Positivo Probabilidad de sanción | Alta Rating CIVICUS de país | Reprimido

Congreso avanza en una ley para evitar que se limiten los derechos civiles y políticos durante el estado de excepción

El 10 de junio la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para regular los estados de excepción constitucional declarados por emergencia o amenaza pública y limitar los derechos que pueden ser suspendidos o restringidos en esas situaciones. En esta línea, la iniciativa dispone que el gobierno no podrá suspender el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a información y la libertad de conciencia, ni el reconocimiento de la personería jurídica. Tampoco se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas. La declaración del estado de excepción deberá detallar los motivos que justifican su aplicación y los alcances para los derechos y garantías ciudadanas. Podrá realizarse por decreto supremo con la firma del concejo de ministros pero requerirá la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados y podría ser sancionado en los próximos días. Al respecto, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo que el opositor Movimiento al Socialismo busca con esta iniciativa “dejar un país en indefensión” y anticipó que la ley será vetada.

Voces de la sociedad civil

CHILE

"Desde que el país permanece en emergencia sanitaria, el Gobierno ha insistido 5 veces en aprobar con urgencia un proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia estatal. La iniciativa no sólo amplía las facultades, funciones y herramientas del personal vinculado al sistema, sino que también debilita los mecanismos de control de otros poderes del Estado, particularmente la labor fiscalizadora del Cámara de Diputados. El gobierno ha buscado así evitar un debate, amplio, abierto y de cara a la ciudadanía." (15/06/2020)

Chile Transparente [+]

BRASIL

“Por la omisión de datos y el atraso en la publicación de informaciones fundamentales para el planeamiento de acciones de combate al COVID-19, Bolsonaro pone en riesgo la vida de millares de brasileños. De esta manera, niega el principio básico de transparencia, pone en cuestión la calidad y confiabilidad de los datos divulgados por el gobierno federal, renuncia al papel que pudiera ejercer en la coordinación de los esfuerzos de combate a la pandemia y pone en jaque la credibilidad de Brasil ante la comunidad internacional. ”. (16/05/2020)

Guilherme France, Research Coordinator
Transparencia Internacional Brasil [+]

Otros documentos de DL

Los Consejeros de los Presidentes

¿Quiénes participan en la definición de las acciones frente a la pandemia?